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Antirepresiva

A CINCO MESES DE LA REBELIÓN EN EL PENAL DE SAN MARTÍN

Córdoba, 13 de Julio de 2005.

Informe de la Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria de Córdoba.

A CINCO MESES DE LA REBELIÓN EN EL PENAL DE SAN MARTÍN

  Distintos sectores de la sociedad cordobesa nos convocamos a partir de la rebelión los días 10 y 11 de febrero en Establecimiento Penitenciario Nº 2, Penal San Martín, de la ciudad de Córdoba. Si bien el motivo inicial fue la preocupación común por los hechos que se desencadenaron producto del abandono, la violación sistemática de la legalidad y, por ende, de los derechos de los presos, esta Comisión se fijó entre sus objetivos:

Aportar al diseño y discusión de una política penitenciaria respetuosa de las reglas de un estado democrático de derecho según lo estipula la ley de Ejecución Penal 24660. La preocupación por la situación carcelaria comprende todo lugar de detención donde se violen los derechos humanos fundamentales.

Es en ese marco que esta Comisión recibió diferentes denuncias relacionadas con la situación de los detenidos en la Alcaidía de barrio Güemes y sobre el accionar del Comando de Acción Preventiva (CAP) en distintos barrios de nuestra ciudad.

La principal herramienta con la que cuenta la policía de la Provincia de Córdoba para su accionar es el Código de Faltas, la principal dificultad es la aplicación y la discrecionalidad policial en su aplicación. El Código de Faltas habilita a la policía a detener y sancionar a las personas que cometen alguna de las faltas previstas en su articulado sin el debido control judicial, al que solo se tiene acceso si se apela la sanción impuesta. Sucede que en la realidad, la aplicación del Código, lleva a la CAP a detener a una cantidad importante de jóvenes que van entre los 16 y 25 años aproximadamente y que en la mayoría de los casos, son detenidos y sancionados con varios días de detención  sin que los mismos hayan cometido falta alguna.  Debido a que el procedimiento respecto del código de faltas no requiere la intervención de un abogado obligatoriamente, y se lleva a cabo en sede policial, no hay forma de constatar empíricamente la efectiva comisión de la falta que se les atribuye. Un dato agrava esta situación, las sanciones son cada vez mas largas, llegando a casos en que se detiene a una persona por 20 días o más, sin que un juez tenga intervención en la causa. Mas allá de que el Código prevea la posibilidad de sancionar a una persona hasta con 90 días de arresto, no resiste análisis constitucional alguno el que una persona pueda estar privada de su libertad tantos días sin la intervención de un juez, tal como lo estipula la Constitucional Nacional.

El artículo mas usado por la policía a estos fines es el llamado “merodeo” que se configura cuando una persona no puede justificar el porqué se encuentra en un lugar determinado. Se detectaron casos en los que ha  detenido a jóvenes por dicha causal mientras estos transitaban la cuadra de su casa.

En el año 1994 el Código de Faltas fue reformado, derogándose en esa instancia la averiguación de antecedentes, figura duramente cuestionada desde la óptica constitucional. Ahora bien, en la práctica la tan cuestionada figura sigue funcionando. Cuando uno de estos jóvenes es detenido por la policía, se le “averiguan los antecedentes” y si  tiene alguna imputación en su prontuario, generalmente, es sancionado por la autoridad policial aunque ellos no estén cometiendo falta alguna.

La falta de control judicial frente a este accionar policial cotidiano permite todo tipo de abusos respecto de la libertad de las personas, teniendo en cuenta que los principales afectados por esta discrecionalidad son los jóvenes de menos recursos que en la realidad son castigados por  “portación de rostro” a sufrir todo tipo de arbitrariedades policiales.

La seguridad es un problema complejo, que no se resuelve lesionando los derechos de unos en  pos de los derechos de otros.

Un dato: La estructura edilicia de la Alcaidía, ex Encausados, cárcel de hombres fue mudada a Bower por su estado de deterioro, cuando todos pensaban en un espacio verde, se posterga su implosión y llevan a las mujeres presas del Buen Pastor, cuando finalmente también las trasladan a Bower convierten este espacio en Alcaidía y son alojados todos los detenidos por el Código de Faltas.

La información con la que contamos es que las condiciones de detención son inhumanas, 7 menores en una celda, duermen directamente en el piso los sacan solo una vez por día al baño, la comida es insuficiente y mala  por lo general no se les permite la llamada a la que tienen derecho.

La nueva Ley de seguridad Pública 9235 de la Provincia de Córdoba establece:

Artículo 3, inc. III: Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes.

Artículo 9, inc. E: “Estimular y apoyar las iniciativas y acciones de prevención que los vecinos o instituciones de bien público realicen, enmarcadas en el irrestricto respeto por los derechos humanos y el estado de derecho …”

Algunos Casos: ¿Merodeo, resistencia a la autoridad, robo calificado o arbitrariedad?

En la mañana del viernes 27 de diciembre del 2004, María y Silvia miraban vidrieras en la peatonal de nuestra ciudad buscando buenos precios para comprar zapatos. Entre el murmullo irreconocible de la gente cuando pasa, una voz les ordena con toda claridad: “documentos, por favor”. Era un joven, vestido de civil que no se identifica. María llevaba sus documentos consigo y pudo mostrarlos al instante. Silvia, en cambio, sólo pudo recordarle el número de su DNI, había dejado sus documentos en casa. Inmediatamente se acerca otro joven, también vestido de civil que tampoco se identifica. Este último joven pregunta a Silvia: “¿por qué no trajo documentos?”, “por que me los olvidé” contesta ella. Momentos después ambas son llevadas al Cabildo, donde permanecen hasta las 14hs. sin explicación alguna de los motivos de sus detención.

Posteriormente, en razón de “averiguación de antecedentes”, un móvil de la CAP las conduce a la antigua Cárcel de Encausados, hoy llamada “Alcaldía de Güemes”. Una vez llegadas a allí, se les ordena firmar un escrito con una sanción de arresto por “merodeo y resistencia a la autoridad”. “Si no firman les agravamos la sanción”, les dicen en tono amenazante.

Una vez pintados sus dedos, quitadas sus pertenencias y revisadas por un médico forense, se las introduce en una celda. Ninguna explicación sobre el tiempo que estarán detenidas, negado su pedido de ver al Comisario y sin respuesta alguna a sus preguntas por el nombre y el cargo de quienes las detuvieron. Sólo se les permite hacer un llamado telefónico a ambas, uno sólo para las dos. María decide llamar a su hija, quien  va a visitarla acompañada de su comadre. Sin embargo, se les impide la visita. A la hija y su comadre se les dice que María no puede ser visitada “porque se encuentra detenida por robo calificado”.

Al día siguiente, sábado 28 de diciembre, Silvia y María son puestas en libertad. Silvia pierde su trabajo, realizaba limpieza de oficinas por cuenta de una empresa. María es amenazada por un policía: “en cuanto te vea en el centro te voy a encerrar”, ella había escrito “apelo” al lado de su firma de la sentencia.

En Barrio San Salvador, frente del Supermercado Macro, durante el mes de junio pasado, una mamá caminaba con su hijo adolescente, él corre para subirse al ómnibus para ir al colegio. La madre observa que la  policía cruza la calle corriendo pistola en mano. Ella  corre hacia la parada donde estaba su hijo sospechando que  era por él,  ya que no era del barrio. Llegó el colectivo, su hijo  sube  y la mamá le pregunta a la policía porque lo corrían, la policía responde que el chico venía corriendo y “merodeando”.  La mamá les explica que su hijo  venía con ella y habían salido de un cajero automático, mostrándole los comprobantes. La policía le responde que ellos querían “verle las zapatillas y si  tenían tierra, eran de la villa y  que todos los que venían de la villa a  ese barrio, venían a robar”.

Año 2003 dentro de la villa. La CAP quiere detener a  un grupo de chicos. Detienen a uno y se enfrentan los chicos y vecinos con la CAP  no permitiendo la detención de nadie. La policía empieza a tirar  tiros para todos lados y al pasar el móvil al frente de una casa donde había menores,  sale un vecino y les pide que no  tiren por los chicos. Se va la camioneta de la policía y regresan nuevamente a pie corriendo y tirando y se dirigen a esa casa  donde estaba n los menores. Ahí le pegan al marido y a dos cuñados, quienes quedan heridos, proceder que responde a la indignación que tenían por no haber  podido llevar detenidos a los chicos. Salen los familiares y vecinos y les piden que por favor los llevaran al hospital porque  estaban  sangrando. La policía se niega y se retira. Llaman a un taxi y se van al hospital. Cuando están allí llega la policía y los detienen. La esposa de uno de ellos  pide explicaciones y le dicen que no se meta que ella no era nadie y que ellos se hacían cargo. Nadie les da ninguna explicación.   Los llevan al precinto 36  ahí la  esposa observa que los bajan a los golpes. Ella suplica que no les peguen, el comisario la saca a ella afuera diciendo  que no venga a hacer  cartel con un bebé. El lunes cuando los va a visitar los habían trasladado a Barrio Los Naranjos. Cuando ella los ve en la visita le cuentan que en  el traslado pararon en un descampado y les volvieron a pegar exactamente donde estaban golpeados. El marido salió a la semana, otro estuvo un mes preso y el otro sigue preso  porque tiene antecedentes.  Consultaron con un abogado. El que sigue preso dice que terminará haciéndose cargo  para   que le hagan un juicio  abreviado. Los tres tienen causa por daño, resistencia a la autoridad y lesiones. La esposa tiene pru ebas y está dispuesta a iniciar un juicio a la policía., pero le aconsejan que no lo haga.

Año 2003. Allanan la vivienda dentro de  una villa donde vive una pareja  con dos hijos menores, buscando armas y drogas. La policía no presenta orden de allanamiento ni menciona nombres. Al poco tiempo allanan de nuevo.

Un hermano del dueño de casa que tiene antecedentes y el mismo nombre de su hermano, abandona un auto robado con los documentos. Por esto empieza una persecución sistemática contra la familia de la villa con los dos hijos. Ellos relatan:

Año 2004. A las cuatro y media de la mañana rompen la puerta de la casa el comando Eter. Al marido lo tiran al suelo, lo golpean, lo amenazan, la esposa quiere pasarse a la cama de sus hijos y la policía apunta con un Fal a los  niños. Se van a las doce y media del día siguiente. No presentan orden de allanamiento.

Año 2005. Allanan de nuevo, rompen la puerta y entra la policía buscando al hermano del marido. Nunca encontraron drogas ni armas. Esta pareja vive en permanente estado de angustia e indefensión temiendo por sus  vidas y las de sus hijos.

Alcohol en la calle

El 20 de abril, a las 7.30, Marcelo estaba con tres personas en una parada de transporte público; tres policías uniformados –a pie-, les piden los documentos. Uno de ellos no lo tenía. Les secuestran una botella de cerveza, de plástico, cerrada. Se acerca un móvil del CAP y los llevan al Cabildo; los agentes aducen la denuncia de un vecino.

Les sacan las pertenencias, llenan papeles que les hacen firmar y les comunican que estaban en contravención y que, de no poder pagar una multa, serían detenidos; no les describen la contravención, ni enumeran ley o código, ni cantidad de días de detención. Firman un papel que no pueden leer y los trasladan a la llamada Alcaldía de Güemes (ex Cárcel de Encausados, desalojada hace años porque su estado edilicio la hace inhabitable; Sufren una requisa,  les pintan los dedos y los llevan al forense que los revisa “así nomás”.

Les permiten hacer una sola llamada para los 4 detenidos y debe ser a un teléfono fijo. Una mujer  -que estaba entre los detenidos- es derivada con otras mujeres, y a los varones se los conduce a un pabellón grande (solos). Más tarde llegan otros.

Los inodoros estaban tapados, había mesadas y asientos de cemento. Estuvieron allí hasta las 14; les dan de comer y luego trasladan a doce (o quince) que se habían agregado, al segundo piso por Santiago Temple (lugar que le dicen Centro). Hay ventanas con rejas y pedazos de chapas y mallas de alambre. Más de veinte celdas.

Los dividen donde ya había gente (siete personas en celdas para nueve).

A la hora se llevan a uno, a las doce de la noche se llevan a tres que estaban hacía tres días.

Tres jóvenes del grupo de Marcelo siguen cursos para obtener título de réferi de fútbol. Uno de ellos tiene antecedentes: los policías lo provocan y agreden, el joven no reacciona.

Al segundo día trasladan al grupo a la celda nueve, pasan con ellos el “bagayo” y duermen sin colchas ni cama.  Las mujeres tienen cama o colchón. Se quedan allí hasta el mediodía; otros detenidos les prestan colchas.

Después de mediodía los vuelven a llevan a la recepción. Firman varios papeles sin tomar conocimiento de su contenido. Los dejan en libertad dándoles una fecha para que vayan a firmar la “sentencia”.

El martes 3 de mayo, a las 11 horas, Marcelo fue a firmar a Encausados, pero  los papeles no habían llegado. Volvió el 9 de mayo, tampoco estaban. No volvió más; no sabe cuáles serán las consecuencias

Adentro eran alrededor de 100 jóvenes; el comentario: contravenciones al Código de Faltas.

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